Así fue informado por la máxima autoridad regional durante un punto de prensa realizado en la Intendencia de O’Higgins, donde se destacó que el supuesto fraude afectaría a las viudas de la Tragedia del Humo, el mayor accidente ocurrido en una mina metalífera a nivel mundial.La Intendenta (s) de la Región de O’Higgins, Marie Jeanne Lyon, dio a conocer junto a la seremi de Gobierno, Pamela Medina, que a principios del mes de abril de este año, detectó, en su calidad de Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, posibles negligencias en la administración de los bienes de la Fundación O’Higgins, producto de lo cual se ha generado un grave perjuicio económico para las viudas de la “Tragedia del Humo”.
Cabe destacar que a raíz de la tragedia minera ocurrida en 1945 en División El Teniente, se creó la Fundación O'Higgins, encargada de administrar los dineros reunidos por donaciones extranjeras y aportes fiscales para ir en ayuda de los deudos de los mineros. Esta fundación existe hasta el día de hoy, y una de las principales obras es la entrega de las casas para las viudas de El Humo, llamada Población Fundación O'Higgins, conocida mayoritariamente como población de Las Viudas.
Y es justamente en esta Fundación donde se detecta el problema, ya que de acuerdo a lo informado en un punto de prensa por la Intendente (s), consta según documentación encontrada que data del año 2004 a la fecha, varias posibles anomalías financieras, entre ellas la venta de una vivienda ubicada en calle Oscar Castro N° 24, en la Población Las Viudas de la comuna de Rancagua, la cual fue cancelada mediante cuatro vales vista de instituciones bancarias cobrados entre los años 2004 y 2006, a nombre de la Fundación O’Higgins, por un total de 7 millones de pesos, los que fueron cobrados por la ex Secretaria de la Fundación, dineros que no fueron ingresados a la cuenta bancaria correspondiente.
Además, el 8 de septiembre del año 2006, se realizó la escritura pública por la venta del inmueble mencionado anteriormente, cuyo monto fue de 7.500.000 pesos. Dicha escritura pública fue firmada por el gobernador de la época, quien declara vender al contado y mediante depósito efectuado en la cuenta corriente de la Fundación. Claro que los recursos tampoco fueron ingresados a la cuenta bancaria de la Fundación, lo que por decirlo de una manera suave, es una total anomalía”.
En la ocasión, también se informó que además existe un aporte de Codelco Chile, el cual fue cobrado por la ex funcionaria de la Fundación O’Higgins, el día 5 de marzo de 2007, los que nuevamente tampoco fueron ingresados a la cuenta correspondiente. Sobre ello, se destacó que la empresa cuprífera está analizando y revisando los antecedentes para aportarlos a la investigación.
Como si lo anterior fuera poco, la Intendenta mencionó que se ha podido constatar que existieron pagos de rentas de arrendamiento de un inmueble de la Fundación, que entre el año 2009 y algunos meses de 2010, tampoco fueron ingresados a la cuenta de la Fundación O’Higgins.
Sobre lo anterior, una de las afectadas e hija de uno de los mineros fallecidos en la tragedia, Marta Pérez Bozo, dijo que con fecha 20 de abril del año 2009, hizo un compromiso ficticio de venta del inmueble ubicado en calle Balmaceda N° 33 de la Población Las Viudas. Hecho por el cual entregó a la secretaria de la Fundación, vales vistas por la suma de $13.750.000, de los cuales sólo ingresaron 7.548.000 pesos, a través de una carta de fecha 15 de enero de 2009, firmada por el abogado de la Gobernación de Cachapoal, el cual cumplía funciones de Gobernador (s), por concepto de venta del inmueble de calle Castro 24, el cual paradójicamente había sido vendido en septiembre del año 2006, dos años y medio antes. El resto de los vales vistas entregados por Marta Pérez, fueron cobrados entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, los que tampoco ingresaron a la cuenta de la fundación.
A todo ello, se agrega que en el mes de Junio de este año, concurrió a la Gobernación, Elizabeth Escobar Urra, quien manifestó haber entregado un millón de pesos a la ex Secretaria, por unos derechos, también ficticios.
Para transparentar todo lo señalado, la Intendenta (s) mencionó que estos antecedentes se encuentran en manos del Ministerio Público, y existe una investigación que está en curso. De igual manera, las personas que han sido afectadas, también presentarán sus antecedentes a la fiscalía, para que de esta forma se puedan aclarar los hechos y encontrar al o los responsables. “Aquí estamos en presencia de un posible fraude hecho a personas de escasos recursos que con sacrificio depositaron en esta secretaria toda su confianza y sus ahorros. Por ello, como Gobierno buscaremos a los responsables, porque esto no puede quedar impune”.
Por su parte, la Seremi de Gobierno señaló que “aquí existen responsabilidades políticas, porque la evidencia es muy fuerte en el sentido de que una autoridad no sólo debe ejercer su cargo en los parámetros de las funciones que le fija la institución, sino que también debe saber llevar la administración. Y aquí vemos que no existió diligencia y acuciosidad en la labor. Basta escuchar los ejemplos que dio la Intendenta (s), para ver que la labor no se cumplió. Por ello esperamos que no sólo la Contraloría determine las responsabilidades de quienes corresponda, sino que además sean los tribunales los que determinen las responsabilidades penales, y por supuesto, la ciudadanía tendrá que ver las responsabilidades políticas que correspondan, que van directamente relacionadas con el gobernador de la provincia de Cachapoal de la época”.
La Tragedia del Humo
Cabe destacar que La Tragedia del Humo, que tuvo lugar el 19 de junio de 1945 en la Mina El Teniente, es el mayor accidente ocurrido en una mina metalífera a nivel mundial, donde perecieron 355 hombres, correspondientes a un tercio del "turno A" de aquel día.
La catástrofe se originó debido a las emanaciones de monóxido de carbono producidas por el incendio de una fragua ubicada en uno de los portales de acceso a la mina, en el nivel Teniente 1. Este humo se propagó al interior de la mina, debido a las condiciones de ventilación existentes en esa época en El Teniente, asfixiando a 355 mineros. La mayor parte de los muertos se encontró en socavones y piques que se llenaron de este gas. Algunos mineros se salvaron abriendo las llaves de aire comprimido de las redes de la mina, y otros evacuando por el sector Fortuna, ya abandonado en ese entonces. Posterior a la tragedia, se iniciaron procesos judiciales para determinar los responsables del incendio inicial. Paralelamente el Congreso inició una investigación para establecer las responsabilidades que cabrían a la Braden Copper Company en el accidente.
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