A principios de año se firmó el acuerdo extrajudicial que puso fin a un intenso juicio entre Hidroeléctrica El Paso y el agricultor Jorge
Mancilla Valenzuela.
El acuerdo significó el término de la disputa que se arrastró por varios meses en el Juzgado de Letras de San Fernando.
El conflicto se inició cuando la empresa eléctrica pretendía imponer sobre un predio de propiedad de Jorge Mancilla, ubicado en el sector de las Termas del Flaco, una serie de servidumbres para operar la central El Paso, de una capacidad de 24,8 MW, en el río Las Damas. Sin embargo, la estrategia de la hidroeléctrica fue fuertemente cuestionada por la defensa de Mancilla, a cargo de la abogada de Curicó, Sylvia Lorena Fuenzalida Coke, quien contó con la colaboración de profesionales del estudio jurídico Vergara y Cia., especializado en Recursos Naturales y Energía, quienes prepararon un contundente Informe en Derecho que apoyó la argumentación planteada desde un inicio por la abogada Fuenzalida.
Se trata de un caso que se ha seguido con mucho interés ya que el juez habría tenido que dirimir si se podían constituir servidumbres para
fines eléctricos sobre la base de normas contenidas en la legislación de aguas. Claramente, dado que la empresa finalmente tuvo que negociar y llegar a un acuerdo con el agricultor tras la férrea posición de la abogada Fuenzalida, se puede concluir que este tipo de servidumbres debe tramitarse de acuerdo a la Ley Eléctrica y no al código de aguas, como pretendía la hidroeléctrica.
Se trata de un caso que podría marcar jurisprudencia en la materia, por lo que el expediente ha sido consultado por abogados relacionados con la temática.
El acuerdo con el que se pone fin a la causa, significó el pago de US$ 1 millón a Jorge Mancilla, no sólo es un éxito para el conocido agricultor, pues implica la aceptación por parte de una empresa eléctrica de una estrategia jurídica relevante para otros casos en el futuro, sino que puede marcar tendencias y hacer que, de aquí en adelante, las empresas hidroeléctricas deban mirar este caso antes de decidir utilizar la Ley Eléctrica o el Código de Aguas para imponer servidumbres en los predios de los agricultores.
Tras el fin del conflicto, la empresa hidroeléctrica podrá seguir adelante con los demás juicios y causas necesarias para hacer operativa y poner en funcionamiento su central hidroeléctrica de pasada en los plazos previstos por sus ejecutivos.
Ante el escenario energético nacional, se espera una pronta resolución a todos los litigios jurídicos relacionados con empresas hidroeléctricas.
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