Falta profundizar las medidas para el control y prevención del crimen organizado en Chile
Cuando en Chile se habla de crimen organizado lo más habitual es pensar en casos ligados al narcotráfico. Sin embargo, este tipo de delito tiene un ámbito de acción mucho más amplio y transversal, por lo cual se requiere profundizar los alcances de la legislación chilena en la materia.
Así lo manifestó el Director del Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la UTALCA, Raúl Carnevali, durante la charla “La criminalidad organizada, una visión desde el derecho penal”, dictada en el Campus Santiago.
El académico explicó que si bien nuestra legislación contempla herramientas que permiten combatir este flagelo, es necesario incluir herramientas que permitan ampliar el radio de acción de la norma legal.
“Chile está en un momento en que puede prevenir este tipo de actividades criminales con éxito, se pueden establecer mejores instrumentos a este respecto”, advirtió.
En este sentido, el jurista sostuvo que un inicio sería establecer tipos penales dirigidos a precisar qué se entiende por criminalidad organizada.
“Una de las características de estas organizaciones es la amplitud de campos en los cuales pueden actuar y lo que está establecido son tipos penales muy específicos -como tráfico de drogas, asociación con fines terroristas o lavado de dinero-, que dejan fuera una serie de otros delitos que podrían comprenderse dentro de las actividades de estas organizaciones”, explicó.
Carnevali agregó que otro avance sería al desarrollo de instrumentos del tipo “comiso”, es decir, sanciones dirigidas a incapacitar económicamente a estas organizaciones mediante el decomiso de sus ganancias.
“En Italia, por ejemplo, se establecieron distintos tipos; comiso por equivalencia, que no necesariamente decomisa lo que se obtuvo a través del delito sino que valores equivalentes, o sea, bienes distintos a los que se obtuvieron como consecuencia del delito, o ampliado, donde se establece que si un sujeto declara ingresos por 200 mil pesos pero tiene numerosos bienes y no puede justificar su propiedad, se estima que esa desproporción es producto del delito”, planteó.
En tanto, en términos institucionales, Carnevali señaló que el Ministerio Público debiera concretar su intención de establecer unidades especializadas de persecución a delitos de alta complejidad. “Debieran establecerse unidades a nivel nacional que tengan mayor autonomía en su investigación”, manifestó.
Según el académico, estas medidas no responden a una actitud alarmista sino que responden al interés por resguardar a nuestro país de un flagelo que cuando extiende sus redes, cuesta mucho erradicar. “No estamos en una situación ‘de riesgo’, pero el punto es que cuando se cruza esa línea puede haber un punto de no retorno”, sentenció.
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