“Esta información se analizó, se trabajó de forma investigativa, concluyendo con la detención, en horas de la madrugada de hoy (miércoles), de los dos sujetos en la Población Vicuña Mackenna. Mientras el hombre salía del domicilio, personal del OS-7 le realizó una fiscalización y entre sus vestimentas se le encontró un paquete de aproximadamente un kilo de pasta base. Posteriormente se ingresó al domicilio, encontrando en el interior a la mujer y otro paquete con un kilo de pasta base”, argumentó el oficial.
En total la droga incautada alcanzó los dos kilos 128 gramos de pasta base de cocaína, la cual fue avaluada en cerca de cuatro millones de pesos y que posteriormente iba a ser distribuida entre los microtraficantes del sector nororiente de la capital de la VI Región, pudiendo alcanzar más de 10 mil dosis.
Cabe destacar que el ciudadano colombiano, identificado como Jhon Cortés Banguera (34) habría ingresado legalmente hace aproximadamente dos años al país, pero en este momento su permiso se encontraría caducado, mientras que la mujer, identificada como Gisela Salas Valencia actualmente se encuentra de forma legal en Chile.
Por su parte, la abogado del Ministerio Público, Marcia Allendes, explicó que “las penas que arriesgan parten en los 5 años y un día hasta los 15 años, además de una multa que va desde las 40 a las 400 UTM. La importancia de este exitoso procedimiento, radica fundamentalmente en la eficiente coordinación que existe entre la Fiscalía local de Rancagua y Carabineros, en este caso con efectivos de OS-7”.
Por su parte la abogado destacó: “es importante que esta cantidad de droga pudiese sacarse de circulación y evitar que llegue a las poblaciones, donde afecta el bien jurídico que se protege en materia de ley de drogas que es la salud pública.
El fiscal de turno, que formalizó a ambos detenidos por el delito de tráfico de estupefacientes solicitó la Prisión Preventiva, medida cautelar que fue acogida por el Tribunal de Garantía de Rancagua dada la contundencia en los argumentos y antecedentes que se expusieron en la audiencia y que en definitiva justificaban la necesidad de cautela. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 120 días.
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