El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua comenzó hoy –jueves 7 de mayo, en jornada completa- el juicio contra el funcionario de la Policía de Investigaciones, identificado como Pablo Andrés Fuentes Castro, imputado por el delito de homicidio simple, contra un estudiante de cuarto medio en noviembre de 2013.
El juicio se lleva a cabo en la segunda sala del tribunal, compuesta por la jueza presidenta, magistrada Paulina Chaparro; jueza redactora, magistrada Gladys Medina y jueza integrante, magistrada María Esperanza Franichevic.
En la apertura del juicio, la presidenta de la sala leyó la acusación que señala al imputado como autor del ilícito mencionado, luego que el 12 el noviembre de 2013, la víctima, identificado como Rolando Véliz Godoy, de 18 años, conducía junto a su polola por avenida República de Chile –sin su licencia de conducir y en estado de ebriedad- y colisionó levemente a otro vehículo dándose a la fuga. En medio de la huida el joven fue divisado por funcionarios de la PDI, quienes intentaron alcanzarlo, ya que pensaron que se trataba de un procedimiento policial. En ese contexto, el joven habría resultado herido luego de que le impactara una bala percutida desde un arma del imputado. El joven falleció en el Hospital Regional de Rancagua, debido a una anemia aguda producida por una herida torácica con salida de proyectil.
En los alegatos iniciales el Ministerio Público aseguró que en ningún momento hubo identificación por parte de los policías y que dispararon hacia el interior del vehículo que conducía la víctima.
Por su parte la defensa, señaló que la policía tiene el deber de actuar en las circunstancias en que ven a un vehículo chocado dándose a la fuga. Además cuando los funcionarios le solicitaron que se detuviera para control de identidad, el joven abalanzó el auto contra el imputado, momento en que hicieron uso del arma de servicio, disparando hacia los neumáticos para detener el vehículo.
Luego, al ser consultado por el tribunal, el imputado declinó de su derecho de guardar silencio y presentó su declaración de los hechos. Posteriormente, respondió a las consultas realizadas por la por los intervinientes.
La Fiscalía solicita para el acusado, la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, las accesorias legales y costas; además a través de una demanda civil, solicitan el pago de 60 millones de pesos por el daño producido a la familia. Mientras que la defensa reclama la absolución completa y el rechazo de la demanda civil.
El juicio, que inicialmente duraría tres días, se extenderá hasta el lunes 11 de mayo, ya que son 43 los testigos que se presentarán en esta causa.
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