Organismos públicos y privados presentaron proyectos al FIC regional- En las próximas semanas el Consejo Regional determinará las iniciativas a ejecutar.
La Agencia Regional de Desarrollo Productivo, ARDP, de la Región de O’Higgins, preseleccionó iniciativas que están postulando al Fondo de Innovación para la Competitividad de asignación Regional, FIC-R, para los que se destinaron para la Región alrededor de $2 mil millones ($1.943.972) provenientes del royalty minero.
Estos fondos, que son asignados finalmente por el Gobierno Regional, están orientados a organismos como la CORFO, INNOVA y CONICYT, además de universidades y centros de investigación.
Entre estos últimos, en la ARDP presentaron sus iniciativas la Fundación para la Innovación Agraria, FIA; la Universidad de Aconcagua, UAC; Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Fundación Chile, el Centro del Vino de Colchagua Universidad de Talca y la Universidad Católica del Norte, expusieron sus iniciativas que apuntan a mejorar el rendimiento productivo en los sectores priorizados y que actualmente trabaja la Agencia: Turismo, Vinos y Frutas (ciruelas deshidratadas).
Una comisión donde estuvo presente el director ejecutivo de la ARDP O’Higgins, Jaime Arancibia; Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Economía, Guillermo Acuña; el vicepresidente del Consejo Estratégico de la Agencia, Francisco Duboy; el Seremi de Agricultura, Horacio Merlet, además de miembros del Consejo Regional, e integrantes del Consejo Estratégico de la Agencia, quienes evaluaron 46 proyectos de innovación competitiva.
En los próximos días, el Consejo Regional tomará conocimiento de la propuesta que entrega el Consejo Estratégico de la ARDP de O’Higgins al intendente –y presidente de este último organismo-, Héctor Huenchullán.
Cabe señalar que los proyectos son evaluados en su pertinencia de aplicación de los recursos, en los ejes estratégicos definidos en la Agenda Regional y en los Programas de Mejoramiento de la Competitividad, PMC, de la ARDP de O’Higgins, donde las iniciativas de los servicios públicos podrán tener una duración máxima de dos años, mientras que aquellos presentados por entidades de educación superior, no podrán superar los doce meses
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