En una salida alternativa que consideró el pagó de una millonaria reparación económica a la familia de un trabajador fallecido, concluyó la investigación que la Fiscalía de Rancagua mantenía respecto de dos ejecutivos de la empresa Dole tras un fatal accidente ocurrido al interior de la firma.
El hecho que motivó la investigación del Fiscal Álvaro Pérez Astorga sucedió el 30 de julio de 2009, cuando el mecánico Dionisio Leiva Ramírez de 45 años, realizaba el engrasado de un cargador frontal al interior de la empresa, ubicada en Av. Las Torres esta ciudad.
Cuando estaba en dicha función la máquina se volcó y cayó, aplastando con su estructura al trabajador, quien falleció horas más tarde en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Rancagua, como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas.
Atendiendo los antecedentes reunidos en la investigación, el Fiscal Pérez Astorga, formalizó el pasado 26 de agosto cargos contra el jefe de operaciones de la empresa Dole, Luis Valenzuela Maldonado y su administrador Guillermo Larrañaga Katalinic, a quienes la Fiscalía consideró responsables de la muerte de Leiva Ramírez.
“Respecto de ambos imputados se les atribuía el no haber entregado la capacitación necesaria ni los elementos de seguridad a Dionisio Leiva para desarrollar la tarea que realizaba al momento de ser aplastado por el cargador frontal. Por ello, estamos convencidos de que tuvieron responsabilidad directa en la muerte de este trabajador” explicó el Fiscal Álvaro Pérez.
En audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de Rancagua, los imputados y la viuda del trabajador, con quien tuvo cinco hijos, acordaron una salida alternativa al juicio, estableciéndose como condición el pago de 85 millones de pesos como reparación a la familia de la víctima.
“La Fiscalía no se opuso a esta salida alternativa atendiendo la precaria situación en que había quedado la familia del trabajador y ello fue también aprobado por el juez de garantía Marcelo Albornoz.”, destacó el fiscal Pérez.
Las salidas alternativas son soluciones intermedias al conflicto penal a las cuales se acceden con la aprobación del juez de Garantía, y que la Fiscalía propicia atendiendo la naturaleza de los casos, tipos de delitos, la ausencia de antecedentes penales por parte de los imputados y la voluntad de arribar a dichos acuerdos por parte de las víctimas.
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