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Tras recomendación de la CDC:
Luego que la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) hiciera ver la necesidad de pintar las murallas del recinto concesionado, “para reducir así la dureza del ambiente”, Gendarmería aprobó que se pintaran diversos motivos.

Múltiples motivos asociados a las ideas de la maternidad, medioambiente e infancia, entre otros, han sido pintados en el Complejo Penitenciario Rancagua (en la imagen). Esto, luego que la Comisión Defensora Ciudadana (CDC), el órgano encargado de gestionar respuestas para los reclamos ciudadanos contra la administración pública, incluyera en su informe anual de cárceles “la necesidad de utilizar pinturas de colores en patios, pasillos muros del recinto”.

“Este tipo de elementos son importantes para contribuir a la salud mental de la población penal. Este es un aspecto relevante si consideramos que hace unos años esta cárcel en particular registró un preocupante índice de suicidios. Obviamente, esta es una de varias medidas que deben cumplirse para velar por el control y seguridad de los internos”, dijo Alberto Precht, presidente de la CDC, organismo que el pasado 28 de abril concretó la visita anual al citado recinto.

El informe de 2009 de la CDC mencionó que la cárcel concesionada de Rancagua “destaca por su estándar de segregación de la población (según nivel de compromiso delictual), pero los espacios no reflejan esta diferenciación, sino que se usa un solo modelo para toda la población penal, sin colores ni materiales distintos del hormigón”.

Luego del mencionado informe, Gendarmería gestionó a través de algunas universidades que se dibujaran y pintaran diversos motivos acordados con los internos de las secciones de hombres adictos a drogas y mujeres, muchas de las cuales permanecen recluidas junto a sus hijos.

En la mencionada cárcel habitan hoy 2200 personas, pues el terremoto del pasado 27 de febrero obligó a Gendarmería a trasladar a reclusos desde los penales de Talca y Curicó. Antes de esto, la cárcel operaba al 119% de su capacidad (2013 personas), según el máximo permitido en el contrato del Estado y la concesionaria, para que el primero no deba pagar multas por sobrepoblar. En el país, en tanto, hay más de 52 mil personas recluidas, cantidad que se expande al 10% anual.

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