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En una visita inspectiva a Pichilemu, el director regional Raimundo Agliati en compañía del equipo de Contraloría Interna de la Institución, realizó un barrido por dos villas del balneario, con la idea de pesquisar los casos donde las viviendas estuvieran siendo mal utilizadas, ya sea estando desocupadas o arrendadas.
Este sábado 4 de mayo, un equipo del Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de la región de O’Higgins, concurrió en una visita de fiscalización a Pichilemu, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades en la adquisición de casas desocupadas o arrendadas, e interponer posibles acciones —de carácter civil y penal—, que buscan restituir el valor del subsidio, o acreditar fraude al fisco mediante la adulteración o falsificación de información o documentos durante la postulación. La fiscalización fue encabezada por el director regional de la Institución, Raimundo Agliati, más el apoyo de diversos profesionales y estamentos del Servicio.
Las casas fiscalizadas pertenecen a las villas Bosques del Mar —33 viviendas—, de las cuales 27 casos están siendo fiscalizados en Contraloría, y Mar Azul —103 viviendas—, de las cuales 30 casos están siendo fiscalizados en Contraloría.
Lo que se busca con estas acciones legales es que se restituyan al Estado el subsidio que se les entregó para que accediesen a la propiedad. Desde el año 2010, se incorporó una cláusula en la escritura que reciben las familias, donde se les indica explícitamente la obligación de utilizar las viviendas durante al menos 5 años, asimismo prohibición de venderla u arrendarla durante este plazo, y que tienen que ser habitadas por ellos. Cuestión que en estos casos, no ocurriría.
Para Agliati, “el Ministerio de Vivienda y el SERVIU trabajamos para entregar viviendas de calidad a las familias que están hoy en día en situación de vulnerabilidad, o con alguna urgencia habitacional. Pero también, junto con eso, debemos fiscalizar y preocuparnos que los subsidios entregados sean realmente bien utilizados, y las personas estén efectivamente viviendo en ellas. Lo que nos interesa a nosotros que las familias y las personas cumplan con su obligación de utilizar su vivienda, y ellos saben que tienen prohibición de arrendarla. Y es lamentable y es una pena, lo debo decir, encontrarme con esas situaciones que uno no espera que ocurran: ver viviendas abandonadas, o bien, no están los propietarios viviendo o peor aún, están siendo arrendadas. Y es inaceptable ver como se lucra con viviendas sociales, y que durante muchos años, esas familias alegaron urgencia habitacional. Aun más cuando sabemos que existen miles de familias que están esperando su vivienda definitiva, que ellas mismas lo ven con tristeza. Y es nuestra obligación hacernos presentes, y recorrer una a una las viviendas, y ver efectivamente y conversar con cada una de las personas que están habitando, cual es la razón de porque están ahí, o donde está el propietario que debiese estar en ese lugar”.
Agregó el director regional. “Por lo tanto, luego de este trabajo de fiscalización, lo que viene próximamente es que tomaremos todas las acciones legales con las familias que no han cumplido con su compromiso de habitar las viviendas, o peor aún están lucrando con estas viviendas sociales. Porque reitero: es inaceptable y esto le hace mal al país”.
Tras esta situación, el Gobierno presentará un proyecto de ley que busca agilizar el tema de poder recuperar las viviendas mal utilizadas, para que éstas sean reasignadas a familias que realmente lo necesitan. El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, explicó que con el proyecto “queremos ponerles un atajo a las personas que abusan del sistema postulando a viviendas que no necesitan y que generan un doble daño: al Fisco, por la mala focalización de los recursos, y a las familias, que tienen real urgencia habitacional”.
Añadió que se quiere “recuperar en forma expedita las viviendas sociales en caso de que estén arrendadas o vacías, para reasignarlas a familias realmente necesitadas”. Así, el proyecto tiene como objetivo que los inmuebles que sean recuperados puedan ser destinados, en un plazo de 90 días, a personas vulnerables. También se estipula que estas propiedades puedan ser usadas por quienes han sido afectados por un sismo o catástrofe.
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